martes, 13 de diciembre de 2011

El Tribunal Supremo estudiará la ley anti-inmigrante de Arizona en ... - EFE

Washington, 12 dic (EFE).- El Tribunal Supremo anunció hoy que estudiará la constitucionalidad de la polémica ley SB1070 de Arizona que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en ese estado, lo que afectará también a leyes similares en otros estados del sur del país con fuerte presencia hispana.

En un anuncio de dos frases, la máxima corte de Estados Unidos indicó que estudiará los argumentos del Gobierno de Arizona contra un dictamen emitido el año pasado por la juez Susan Bolton de la novena corte federal de apelaciones, que bloqueó las partes más polémicas de la ley SB1070 contra la inmigración ilegal.

La juez Elena Kagan, exrepresentante legal del Gobierno de EEUU ante el Tribunal Supremo, se ha apartado del proceso de revisión de la SB1070, tal como ha hecho en otros casos en los que participó como abogada del Gobierno ante la máxima corte.

Eso significa que la decisión definitiva sobre la SB1070 recaerá sobre ocho de los nueve magistrados del Tribunal Supremo, que deberán pronunciarse sobre esa ley antes de que concluya su sesión actual previsiblemente en junio de 2012.

La gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, promulgó la SB1070 el 23 de abril de 2010, y ésta debió entrar en vigor el 29 de julio del año pasado.

Pero, en respuesta a una demanda entablada por el Departamento de Justicia, la juez Bolton frenó la puesta en marcha de cuatro de sus elementos.

Uno de los puntos polémicos, suspendido de momento, autoriza a la policía local o estatal a pedir "los papeles" a quienes detenga por cualquier otra infracción y de quienes sospeche que se encuentran en EEUU de forma ilegal.

La ley autorizaba a detenerlos de forma indefinida mientras se averigua su estatus migratorio.

También ha quedado suspendido por ahora el apartado de la ley que considera delito no portar los papeles de residencia permanente, y el que permitía a la policía arrestar sin mandato judicial a personas que sospeche hayan cometido algún delito motivo de deportación.

Bolton también bloqueó la cláusula que criminaliza a los inmigrantes indocumentados solo por solicitar o realizar trabajos en el estado.

En agosto pasado, Brewer acudió ante el Tribunal Supremo para impugnar el dictamen de Bolton, por considerar que el Gobierno de Arizona no tuvo más remedio que poner en marcha la SB1070 por la presunta inacción del Gobierno federal contra la inmigración ilegal.

Brewer reiteró el mes pasado que se trata de un asunto nacional "apremiante" y que el Gobierno federal "ha hecho la vista gorda ante los costos humanos y financieros de la inmigración ilegal".

En su página de Facebook, Brewer aplaudió hoy el anuncio del Tribunal Supremo y expresó su confianza en que éste terminará "respaldando la autoridad constitucional y la obligación de Arizona de proteger la seguridad y bienestar de sus ciudadanos".

En el centro de la compleja disputa legal están precisamente los argumentos de la Administración Obama de que sólo el Gobierno federal tiene potestad para hacer cumplir las leyes de inmigración en el país y que la SB1070 interfiere con esa labor.

El Tribunal Supremo tendrá la opción de anular el dictamen de la juez Bolton, con lo que la SB1070 entraría en vigor en su totalidad, o podría permitir la puesta en marcha de algunos de sus elementos.

El fallo final sobre la SB1070 será emitido en plena contienda por la presidencia de EEUU y en unos momentos en que el problema de la inmigración ilegal se perfila como uno de los más candentes de este ciclo electoral.

Del rumbo que tome el Tribunal Supremo sobre la SB1070 dependerá el futuro de leyes similares aprobadas en otros estados como Alabama, Georgia, Utah y Carolina del Sur, que también afrontan demandas del Departamento de Justicia y de una amplia coalición de grupos cívicos y religiosos de todo el país.

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