martes, 22 de octubre de 2013

Testigos protegidos, aún en la sombra; Ifai pide transparencia - Vanguardia.com.mx

Ciudad de México.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) buscar y dar a conocer los apoyos económicos y los beneficios legales otorgados a testigos protegidos en 2008 y 2010, desglosados por caso.

Además de esta información, mediante dos solicitudes de acceso, una particular requirió conocer el número de personas integradas al programa de testigos protegidos en esos años, desglosado por mes, cuántas de ellas fueron incorporadas a la nómina de la PGR, especificando cargo, salario y periodo.

Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la PGR señaló que sólo cuenta con información estadística anual y, en ese sentido, informó que en 2010, 15 personas se incorporaron como testigos protegidos, y en 2007, 12.

Por lo que hace a los beneficios legales otorgados por cada caso, manifestó que éstos se encuentran estipulados en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; sin embargo, aseguró que no lleva un control o estadística de indicadores de ese tipo.

Finalmente, precisó que los testigos protegidos no son incorporados a la Institución como servidores públicos y que el apoyo económico brindado no puede considerarse como un salario.

Inconforme porque la dependencia proporcionó información de 2007 y no de 2008 como lo había solicitado, y además no le informó sobre el pago y los beneficios legales otorgados a cada testigo protegido para los años requeridos, la solicitante presentó dos recursos de revisión ante el IFAI, los cuales fueron turnados a la ponencia de la comisionada Jacqueline Peschard.

En alegatos, la PGR modificó su respuesta y precisó que en 2008 se incorporaron como testigos protegidos 23 personas; no obstante, reiteró la inexistencia de los salarios y los beneficios legales otorgados a quienes se integraron en ese año y en 2010.

En el análisis del caso, la comisionada ponente advirtió que si bien en alegatos proporcionó la información para el año que la particular requería, esto es, 2008, lo cierto es que existe una inconsistencia en el número de testigos protegidos reportado por la PGR para ese año. Señaló que en respuesta a una solicitud presentada con anterioridad, la dependencia informó que eran 57 y no 23, como lo hace ahora, por lo que propuso modificar su respuesta e instruirle a indicar al recurrente la cifra correcta.

Por lo que hace al pago que recibieron dichos testigos para el 2008 y 2010, la comisionada determinó que la PGR no interpretó adecuadamente la solicitud del particular, ya que si bien estas personas no reciben un salario, sí se les otorgan apoyos como asistencia económica, médica, educacional, laboral y de habitación.

Respecto de los beneficios legales otorgados, la comisionada Peschard advirtió que, en cumplimiento a la resolución del recurso de revisión RDA 2654/13, la PGR proporcionó una tabla con el número de personas ligadas a la delincuencia organizada que recibieron algunos de los beneficios previstos en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, desglosada por cada caso, del 24 de abril de 2012 al 24 de abril de 2013.

En ese sentido, concluyó que la dependencia cuenta en sus archivos con la información sobre los beneficios otorgados a testigos protegidos, desglosada por caso.

Aunado a ello, la comisionada consideró que la PGR no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes.

Precisó que para conocer lo relativo al pago que recibieron los testigos protegidos, la dependencia cuenta con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y la Coordinación de Supervisión y Control Regional, unidades que por sus atribuciones pueden conocer lo solicitado.

Para la información sobre los beneficios legales otorgados, la PGR, además de contar con las unidades citadas, cuenta la SEIDO y la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Por tanto, la comisionada propuso revocar la respuesta de la PGR e instruirle a hacer una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a las antes señaladas, a fin de que proporcione a la recurrente los apoyos económicos y los beneficios legales otorgados a testigos protegidos, en 2008 y 2010, desglosados por caso.

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